Organizaciones bolivianas, unidas contra la trata y tráfico de personas

En la imagen, personas que formamos parte de la Red de Protección Integral a Niñas Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso y Violencia Sexual. (en mi caso, la cuarta por la izquierda, representando el Observatorio Infanto Juvenil de UAGRM).

El abuso, la violencia sexual, la trata y el tráfico de personas son el pan de cada día de millones de personas en el mundo. Aprovechando mi estancia en Bolivia, he deseado involucrarme en las organizaciones que están luchando contra esta lacra, que en el caso de Bolivia tiene el siguiente modus operandi:  la mayoría de esas mujeres, niños u hombres que son tomados en estas redes de  explotación o tráfico acaban en el país vecino, Argentina, siendo explotados laboralmente, en grandes empresas textiles, o la prostitución.

El pasado 23 de septiembre se recordó en Bolivia el Día Nacional contra la Trata de Personas. Un día que lanzó un grito contra el silencio de todas esas víctimas y la impasibilidad o corrupción que permite la existencia de estas mafias. Ese fue el objetivo de la Red de Protección Integral a Niñas Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso y Violencia Sexual que organizó el 9 de octubre el I Foro Internacional contra la Trata y Tráfico de Personas, en la Casa de Gobierno, y el 10 de octubre un conversatorio para articular propuestas y agendas sobre esta problemática.

En la actualidad, un total de ocho organizaciones e instituciones sociales conforman en Santa Cruz de la Sierra esta Red departamental: Defensoría del Pueblo; Fe y Alegría; Paz y Esperanza; Casa de la Mujer; Visión Mundial; Fundación Levántate Mujer; Fundación Boliviana para el Desarrollo Social (Fundesoc) y Fundecop. En este mes de octubre, se adhiere a esta red el Observatorio Infantojuvenil, perteneciente a la Facultad de Humanidades de la Universidad Gabriel René Moreno.

Esta red desea  incidir en los estatutos autonómicos; crear políticas públicas con presupuesto asegurado para prevenir estos delitos y también para trabajar con las víctimas; aplicar políticas públicas que eviten la corrupción que existe en el poder judicial; impulsar investigaciones, estudios que den a conocer cómo actúan estas redes, que en muchos casos se basan en falsos anuncios de trabajo.

DATOS Y TESTIMONIOS ESCALOFRIANTES

En el Departamento de Santa Cruz de la Sierra, el más poblado de Bolivia, con casi 2,7 millones de habitantes, cada son mayores las denuncias y desapariciones de mujeres, niños o jóvenes.  Así lo asegura, la sección de la policía boliviana encargada de estos delitos: la  Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (F.E.L.C.C.), que apunta que aunque La Paz tenga todavía el primer puesto en estos sucesos, la región cruceña está incrementando considerablemente la incidencia. Así, el mayor del policía encargado de esta unidad, Oscar Moreno, aseguró que desde 2007 hasta 2013 el total de casos denunciados por trato o tráfico de personas alcanzó los 397. Y en lo que llevamos de año, hasta septiembre, ya son 53.

A estas cifras, se añade el incremento cada vez mayor de denuncias de personas que desaparecen en Santa Cruz, que ya son 500 en este año. En estas denuncias no se sabe el paradero de las personas, pudiendo en muchos de estos casos haber sido raptadas o captadas en alguna de estas redes o mafias.

Tras el foro internacional, tuvo lugar un coloquio donde las organizaciones plantearon propuestas como la necesidad de incidir en el diseño de políticas públicas en esta materia y el tratamiento de esta información en los medios de comunicación.

Una mujer argentina, Alicia Peressutti, sabe mucho de todo esto. Lucha desde hace 15 años para evitar que haya mujeres que caigan presas en redes de tráfico y explotación sexual. Vino a Bolivia para asistir en octubre al  Foro Internacional contra la Trata y Tráfico de Personas, organizado por la Red Departamental de Protección Integral a estas víctimas, para explicar esa estampa cruel que ella conoce personalmente porque en su pasado fue una de las víctimas.  “El Cliente es el primer eslabón de una gran cadena”, apunta, sin tener miedo a señalar que “hay policías corruptos, y también en el poder judicial, que hacen que las causas se encajonen y no se llegan a detener a los culpables”.

¿Cómo solucionar este problema? ¿Cómo luchar contra estas mafias o redes que mueven millones de dólares?  Para esta activista, que se considera feminista y al tiempo católica, la responsabilidad es del Estado, porque “las oenegès y la sociedad civil pueden colaborar, pero el Estado debe tener un plan de lucha”.

Hay testimonios tristes, que fueron leídos en este foro, por las instituciones que forman parte de esta Red Departamental, como Defensoría del Pueblo o Casa de la Mujer. Uno de ellos era de una joven boliviana, que estuvo captada por una red de explotación. decía: “Yo en Bolivia era pobre, pero nadie me explotaba, me pegaba, me tocaba”.

DIFÍCIL REHABILITACIÓN

La vulnerabilidad de los jóvenes, la falta de control por parte de la familia hace que cada vez más jóvenes o niños puedan ser víctimas de las redes o mafias. Así, el abandono de la familia por parte del padre o el que los jóvenes reciban remesas de dinero de sus padres que han emigrado a España, hace que los niños no reciban la atención y educación precisa y puedan caer en estas redes, según aseguró Martin Gabriel Torrico Zas, responsable del Programa Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz de la Sierra.

Este problema de la explotación y tráfico de personas tiene difícil rehabilitación en las víctimas de explotación sexual. Alicia Peressutti cuando le preguntè si es posible esa recuperación se emociona. Sus ojos casi rompen a llorar. Con voz enérgica dice que es “muy difícil desestructurar la cabeza, hay muchas chicas que acaban suicidándose, otras no contralan sus necesidades biológicas. Pero otras logran recuperarse y dejar de culparse, porque hay una etapa de Síndrome de Estocolmo», concluye.

Artículo escrito por Rosa Castro Cavero. Periodista en Observatorio Infanto Juvenil.